La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) advirtió que, de no surgir alternativas para el financiamiento del sector, se verán forzados no sólo a sostener la reducción de los recorridos en el ámbito de la Capital, sino también a extender la medida en los municipios del interior de la provincia. Las firmas nucleadas en esta entidad comenzaron ayer a brindar un “servicio de emergencia”, con una disminución de hasta el 70% en las frecuencias y la suspensión de choferes (con los descuentos en los haberes por las horas no trabajadas).
El presidente de Aetat, Roberto Orell, y el secretario general, César Atim, explicaron a través de un comunicado que las empresas se encuentran “ante la imposibilidad de hacer frente al costo real del servicio público de transporte de pasajeros”.
Pusieron el foco además en la “imprevisibilidad” que afecta al sector y “la asimetría en las compensaciones tarifarias nacionales”. Luego, advirtieron sobre el impacto por “el aumento de los insumos de la actividad”, como el gasoil y los repuestos”, cuyos valores alcanzaron porcentajes “totalmente irracionales”. Por último, señalaron que están en curso “paritarias imposibles de asumir”. Estas negociaciones se llevan adelante en el ámbito nacional, y los empresarios de todo el interior ya anticiparon que no cuentan con los recursos necesarios para sostener un nuevo incremento salarial en los términos requeridos por la Unión de Tranviarios Automotor (UTA).
Gestiones por recursos
Luis García, representante de Aetat, confirmó ayer que la medida de emergencia se aplicará por tiempo indeterminado. “Cada empresa lo hizo conforme a los coches y los ramales que tiene. Ya se está implementando”, destacó.
El empresario explicó que en Aetat aguardan la respuesta a un pedido de audiencia con representantes del Gobierno provincial, con el objetivo de buscar alternativas ante el complejo escenario que afronta el sector. En caso de que las gestiones por recursos no prosperen, la disminución de los coches alcanzará a toda la provincia.
El martes pasado, los empresarios se habían reunido con la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, y con miembros de su gabinete. Según García, allí transmitieron la necesidad de fortalecer los recursos para el transporte. “Nos dijeron que no tenían posibilidades de hacer aportes económicos, dado el estado en que se encuentra el municipio”, añadió.
Según Jorge Berretta, también directivo de Aetat, “llegó el momento de que los municipios se hagan responsables” y sumen fondos a los girados por la Nación y la Provincia. Explicó que Bariloche, Córdoba, Rosario y Mendoza son algunos ejemplos de distritos que aportan recursos. “En muchos casos, no son capitales provinciales”, añadió.
García, en tanto, reiteró que la situación del transporte es crítica. “El problema es quién lo financia. Estamos con un contador en el cual el tiempo se va a agotando. Lo que ayer podíamos cubrir con la recaudación, hoy ya no alcanza. En otros años, en enero y febrero nos abocábamos a reparar las unidades para tenerlas listas para el inicio de clases. Hoy, lamentablemente, no podemos repararlas”, describió.
Señaló luego que “el servicio corre riesgo de caer” por la imposibilidad de cubrir los costos operativos. “Con respecto a las compensaciones de la Nación, hoy afrontamos una total incertidumbre. No sabemos qué se va a recibir este mes. Si se mantienen los fondos previstos en el Presupuesto 2023, habrá una quita importante, por el nivel de inflación que tenemos. Es una situación muy difícil”, transmitió.
Por otro lado, los empresarios disintieron con la decisión de Chahla de avanzar con posibles multas por la reducción de las frecuencias. “El municipio tiene la facultad de controlar y de sancionar, pero también la normativa que se menciona establece que la Capital debe garantizar el cumplimiento de la ecuación económica al prestador del servicio, y eso la Municipalidad lo está incumpliendo. No podemos prestar un servicio de excelencia con el nivel de ingresos que tenemos”, expresó García.